Se aleja la posibilidad de un acuerdo

Se aleja la posibilidad de un acuerdo

Un acuerdo para la reestructuración de la deuda en dólares regida por los tribunales del exterior está más lejos que una semana atrás. El Gobierno se levantó de la mesa ante diferencias sobre todo legales con los principales fondos tenedores de títulos argentinos. Aún así, el mercado todavía refleja una cierta probabilidad de acuerdo, pero ahora hay más camino por recorrer.

El Gobierno se levantó de la mesa de negociaciones en la que era una instancia definitoria para la renegociación de la deuda con los principales fondos tenedores de bonos argentinos. Más allá que en materia de números las posiciones quedaron cerca de un arreglo, la discusión alrededor de las condiciones legales de emisión de los nuevos bonos pudo más. Los acreedores privados piden protecciones extra para un eventual incumplimiento de la Argentina en el futuro, mientras que el Gobierno quedó en la incómoda posición de tener que hacer concesiones demasiado grandes en ese punto o perder uno de los pocos avances positivos que puede ofrecer en un panorama económico complicado por dos años de crisis y la pandemia.

Un acuerdo que mejore el frente financiero para el mercado local está más lejos hoy que tan sólo una semana atrás. El Gobierno y sus acreedores se acercaron con sus propuestas en materia de precios: los bonistas reclamaron valores presentes netos en los bajos u$s 50 y el Gobierno se atrevió a pasar ese nivel. Pero las principales diferencias no estuvieron allí, sino en la letra chica legal. Los principales fondos pidieron que las condiciones de emisión de los nuevos bonos se adapten a la arquitectura legal de 2005, que sufrió en los tribunales de Nueva York, en lugar de adaptarse a las lecciones aprendidas incorporadas en las emisiones de deuda de 2016.

Las pretensiones de los bonistas golpearon en un eje clave de la estrategia del ministro de Economía Martín Guzmán, que confiaba en poder salir del default bono por bono permitiendo reestructuraciones parciales. Pero los bonistas temen que esa concesión le dé demasiado margen de maniobra al Gobierno para establecer los tantos en la reestructuración y ante un eventual nuevo default futuro. La distancia en este punto es, por el momento insalvable.

El fracaso, acaso temporal, inició una nueva etapa de espera respecto a la reestructuración de la deuda que puede dar paso a mayor volatilidad en los precios de acciones y bonos, aunque hasta ahora muestra a un mercado que toma con calma y paciencia el proceso. 

El costo de asumir un default duro recaen del lado del Gobierno, atrapado desde el vamos en una combinación de dos años de caída de la actividad, frentes monetario y cambiario complicados y el duro golpe de la pandemia. Los bonistas, mientras tanto, muestran que esperar les cuesta menos.